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Carta del Defensor del Pueblo

 Acceso a WebRESPUESTA QUE NOS PASA EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ A NUESTRA SOLICITUD DE PLAN DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS Y RENTA MÍNIMA.

 

"Estimado Sr.:
Hemos recibido su comunicación, por medio de la cual nos traslada su preocupación por la aparente vinculación que se está produciendo entre el número de suicidios y la situación de falta de recursos económicos de los afectados.
En este sentido solicita nuestra mediación para que se elabore y ponga en marcha una campaña de prevención con carácter general, y al mismo tiempo reclama una renta mínima para todos los desempleados que alivie susituación.
Por lo que hace al primer aspecto, quisiéramos indicarle que desde esta Institución iniciamos un expediente de queja de oficio con el objeto de investigar la posible relación entre el incremento del número de suicidios que reflejan algunas fuentes y la actual situación de crisis económica, en el curso del cual solicitamos la emisión de informe a diversas instancias (Instituto de Estadística, Administración Sanitaria y Fiscalía).
Dada la diversidad de las fuentes consultadas, y el diferente cometido de la mismas, lógicamente los datos obtenidos son muy heterogéneos, ante lo cual no cabe olvidar que unos son datos registrados de defunciones atendiendo a la causa de la misma, mientras que otros se vinculan a casos en los que el intento de autolisis provocó la atención sanitaria en algunos de los centros hospitalarios andaluces, aunque lamentablemente aquel resultara consumado.
Aunque no tenemos elementos que nos permitan poner en relación estos datos con otros extraídos de la realidad socioeconómica, dada la complejidad de la misma, hemos dejado constancia ante la Administración Sanitaria de la preocupación que nos vienen trasladando algunos ciudadanos en este mismo sentido, que se une así a la que mantiene esta Institución.
Sabemos que la Administración Sanitaria mantiene estrategias antisuicidio en las que se contempla la necesidad de llevar a cabo medidas de prevención en la población general, así como en los grupos de riesgo, para cuya identificación llama a la participación tanto de los agentes que operan en el ámbito de la salud, como de los que lo hacen en el educativo y el de los servicios sociales.
En dichos instrumentos se contemplan diversos tipos de factores que confluyen para determinar el riesgo suicida, por lo que junto a los problemas de enfermedad, y otros elementos de carácter ambiental, cobran protagonismo los factores sociales, y singularmente el desempleo.
A pesar de ello echábamos de menos un mayor énfasis en la prevención a la vista de las circunstancias actuales y de la realidad que desde los medios de comunicación se está poniendo de manifiesto, y una extensión de la estrategia preventiva más allá del estricto ámbito de las personas que tienen algún diagnóstico de enfermedad mental.
En esta tesitura nos ha sorprendido el reciente anuncio de la titular de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, relativo a la elaboración de un protocolo conjunto con los servicios sociales de prevención de suicidios, que aparece específicamente destinado a la prevención de la población más vulnerable.
Por lo visto dicho protocolo se promueve a resultas de las conclusiones alcanzadas en un estudio elaborado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Granada, y la asociación Stop Desahucios, que ha determinado que presentan riesgo de suicidio un 20% de las mujeres y un 13.8% de los hombres, que están padeciendo un proceso de desahucio, e igualmente ha apreciado que dicho riesgo aumenta a medida que avanza el proceso.
En la medida en que dicho documento puede responder a la inquietud que usted nos traslada, coincidente con la que hemos reflejado en el expediente de queja indicado, hemos decidido esperar a conocer su contenido, así como dejar un tiempo prudencial para observar su funcionamiento, con el deseo de que se muestre como un instrumento efectivo para combatir lo que por todos se reconoce como un grave problema de salud pública.
Por otro lado también nos gustaría informarle de que en esta Institución somos conscientes de la necesidad de garantizar unos niveles mínimos de subsistencia a las personas en exclusión o en riesgo de exclusión, colectivo que resulta singularmente ampliado a la vista del incremento de los niveles de pobreza en nuestro país.
De ahí que desde hace mucho tiempo vengamos reclamando la elaboración de una ley que establezca esta medida, como podría ser una Ley de Inclusión Social, habiendo hecho manifestación expresa de esta reivindicación en nuestro último Informe Anual, así como en la comparecencia en el Grupo de Trabajo de Renta Básica que se ha constituido en el Parlamento de Andalucía (puede consultarlo en la página web de esta Institución: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/intervencion-del-defensor-en-el-grupo-de-trabajo-sobre-renta-basica-del-parlamento), abrigandopor nuestra parte la intención de continuar en este empeño.
Por último en relación a los demás asuntos que plantea en sus comunicaciones, y dado que solicita cita con el titular de esta Institución para darle cuenta de los mismos, ponemos a su disposición el teléfono al que puede llamar para contactar con su secretaria personal a dichos efectos (xxxxxxx).

Atentamente, le saluda,
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz

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